Un Estado sobre el papel: el borrador constitucional palestino y la herencia de Oslo

El 5 de febrero de 2026, en Ramala, el presidente de la Autoridad Palestina (“AP”), Mahmoud Abbás, recibió de manos del jurista Muhammad al-Hajj Qasim un borrador de constitución “provisional” de casi setenta páginas. Según la agencia oficial Wafa, ese texto debería guiar la transición de la Autoridad Palestina hacia un “Estado plenamente constituido”.

En teoría, nada más razonable: una autoridad que se da a sí misma un marco constitucional, un referéndum futuro, límites de mandato presidenciales, un cierto barniz institucional. En la práctica, sin embargo, la escena invita a hacerse una pregunta incómoda: ¿Qué estamos convirtiendo exactamente en Estado… y sobre qué territorio?

Porque la AP nació como un ente transitorio, administra una tierra que la historia conocía como Judea y Samaria, y está dominada por los herederos políticos de una organización –la Organización para la Liberación de Palestina (“OLP”)– cuyos documentos fundacionales no hablaban de coexistencia, sino de eliminación de Israel. Y porque, además, existe documentación militar norteamericana que afirma, negro sobre blanco, que esas mismas colinas que hoy llamamos “Cisjordania” son territorio mínimo indispensable para la supervivencia estratégica del Estado judío.

Si uno defiende la libertad individual y el derecho de los pueblos a existir –todos, también el pueblo judío–, no puede mirar hacia otro lado.

1. Qué es realmente la Autoridad Palestina

En el discurso diplomático, la AP aparece casi siempre como un “Estado en potencia”. Pero jurídicamente no lo es, y mucho menos en un sentido histórico. La AP nace de los Acuerdos de Oslo (1993–1995), una arquitectura de transición firmada entre Israel y la OLP. La idea era simple: durante un periodo limitado, este nuevo organismo gestionaría los asuntos civiles de parte de la población árabe de Judea y Samaria y Gaza, mientras se negociaba un acuerdo definitivo. No tenía –ni tiene– ejército propio, control efectivo de fronteras ni plena capacidad de firmar tratados.

La OLP, controlada por Al-Fatah, que es un grupo terrorista fundado en los años 50, heredero del movimiento árabe palestino de la mano de Hajj Amin al-Husseini, se reservaba el papel de “representante de todos los palestinos en el mundo”. La AP quedaba definida como instancia administrativa para quienes viven bajo jurisdicción israelí en esos territorios. Dos estructuras, dos sombreros… pero los mismos cuadros políticos.

En otras palabras: la AP no es la cristalización natural de un pueblo que llega a madurez estatal; es el producto de una ingeniería política concreta llamada Oslo. Y eso importa, porque nos obliga a mirar de dónde viene esa ingeniería y quién la diseñó.

2. De Hajj Amin al-Husseini a Oslo: genealogía incómoda

El movimiento nacional palestino no aparece de la nada, es decir, no surge en 1964 con la carta fundacional de la OLP. Sus raíces están en el nacionalismo árabe de entreguerras y, sobre todo, en la figura del gran muftí de Jerusalén, Hajj Amin al-Husseini, título por cierto otorgado por los británicos durante el período del mandato británico de Palestina (1920-1948). Durante la Segunda Guerra Mundial, al-Husseini colaboró con la Alemania nazi: propaganda antisemita en árabe, reclutamiento de unidades musulmanas para las SS de Himmler en Bosnia y Albania y apoyo político a la “Solución Final”.

Después de 1945, lejos de ser juzgado en los juicios de Nuremberg junto a los otros perpetradores del holocausto, se convirtió en referente del emergente nacionalismo palestino y mentor de una nueva generación, entre ellos Yasser Arafat y el propio Mahmud Abbás, que se formaron en el El Cairo de Nasser, a medio camino entre el panarabismo y el islamismo.

En paralelo, la Hermandad Musulmana, fundada en 1928 por Hassan al-Banna, crecía con apoyo financiero –entre otros– del régimen nazi. De esa matriz ideológica saldrá décadas después Hamás, mientras que Arafat y Abbás encarnarán la rama “nacionalista laica”. ¿La línea que va de Husseini a la OLP y de ésta a la AP es una coincidencia? No. Es la misma red de cuadros, familias y relatos que se recicla una y otra vez con sombreros distintos. Eso no convierte automáticamente a todos los palestinos en nazis –sería absurdo e injusto–, pero sí obliga a mirar con lupa qué ideas se institucionalizan cuando se habla del “Estado palestino”.

3. La carta de la OLP y la carta de Hamás: objetivos por escrito

La carta de la OLP de 1964, revisada tras la Guerra de los Seis Días, definía Palestina como el territorio “indivisible” del Mandato británico y negaba toda legitimidad a la existencia del Estado de Israel. El lenguaje era nacionalista, no religioso, pero el mensaje era claro: el problema no era dónde trazar una frontera, sino que hubiera un Estado judío en absoluto. Mientras tanto, en el otro flanco ideológico, y también separado por algunos años de diferencia, la Constitución de Hamás se abría citando el tercer capítulo del Corán, Al-Imrán, donde se habla de los “infieles” –judíos y cristianos– como “combustible para el fuego”. Ese es el tono teológico de partida.

Más tarde, en 1968 cuando la carta fundacional de la OLP se reforma, debido en parte a que ahora si que reclamarán los territorios de Judea, Samaria y Gaza, que antes estaban en control de Jordania y Egipto respectivamente y que tales países pierden en la guerra de los 6 días de 1967, podemos leer lo siguiente:

El artículo 15 de la Carta de la OLP de 1968 establece que la organización se propone “liquidar la presencia sionista”, y el artículo 9 afirma que “la lucha armada es el único medio para liberar Palestina”.

No estamos hablando de un movimiento que busque un Estado junto al Estado judío. Su objetivo confeso es reemplazar Israel por una teocracia islámica “desde el río hasta el mar”. El discurso oficial europeo podrá repetir que “los terroristas no representan a Palestina”, pero la realidad es que la AP, Fatah y la OLP han convivido –y negociado– con este marco ideológico durante décadas, compartiendo plazas, salarios y narrativas.

4. Mahmud Abás: reconocimiento de la Shoá… y salarios por matar judíos

Occidente presenta a Mahmud Abbás como la cara “moderada” del nacionalismo palestino. Doctorado en la Unión Soviética con una tesis polémica sobre el Holocausto, Abás ha alternado gestos de reconocimiento hacia la Shoá con declaraciones que reescriben su significado.

En un discurso de hora y media, emitido en directo por la televisión de la AP, Abbás ofreció su propia explicación sobre las persecuciones históricas contra los judíos en Europa. Reconoció que hubo masacres, culminando en el Holocausto, pero preguntó: “¿Por qué ocurría esto? Dicen: ‘Es porque somos judíos’. Yo les traeré tres judíos, con tres libros, que dicen que la enemistad hacia los judíos no se debía a su identidad religiosa, sino a su función social.” Y acto seguido explicó esa “función social” en términos de usura y banca. Es decir, recuperó casi palabra por palabra los tópicos económicos del antisemitismo clásico: los judíos perseguidos no por ser minoría vulnerable, sino por ser supuestos explotadores financieros.

Mientras tanto, bajo su mando, la AP mantiene el programa conocido como “pay for slay”: salarios y pensiones mensuales para presos condenados por terrorismo y para las familias de quienes mueren –los “mártires”– mientras atacan a israelíes. Cuando más larga la condena –es decir, cuanto más grave el atentado–, mayor la paga.

El mensaje que recibe un joven en Nablus es cristalino: la violencia antijudía tiene un riesgo alto… pero también un salario garantizado para tu familia si acabas en la cárcel o muerto. Es difícil imaginar una política más corrosiva desde el punto de vista liberal: la burocracia estatal premiando el asesinato selectivo de civiles. Reconocer el Holocausto, pero explicar que en realidad tenía motivo “socioeconómico”, mientras se pagan sueldos a quienes matan judíos hoy, es exactamente lo contrario de una pedagogía de paz. Es sin duda una anestesia moral.

5. Oslo, RAND y la ilusión tecnocrática

¿Cómo hemos llegado, entonces, a esta AP que hoy se quiere convertir en Estado? Aquí entra el ingrediente tecnocrático.

A finales de los 80, mientras estallaba la Primera Intifada, la RAND Corporation elaboró para el Departamento de Defensa de EE. UU. un informe titulado “The West Bank of Israel: Point of No Return?” firmado por el analista de la CIA Graham Fuller.

El documento parte de una premisa: la Intifada ha dejado obsoleto el statu quo, y el conflicto se ha reducido al “choque esencial entre las aspiraciones nacionales palestinas y las necesidades de seguridad de Israel”. A partir de ahí, el informe explora cómo hacer casi inevitable la aparición de una entidad estatal palestina en Cisjordania, incorporando a la OLP como interlocutor legítimo y rediseñando el control israelí sobre el territorio.

No es descabellado ver en ese texto una de las bases intelectuales de lo que más tarde serán los Acuerdos de Oslo: un proyecto que se apoya en una apuesta muy concreta –y muy discutible–:

Si convertimos a los viejos militantes de la OLP en administración, si les damos poder, territorio y rentas, se volverán moderados. Es la lógica del ingeniero social: reciclar actores radicales, envolverlos en trajes institucionales, firmar unas cuantas fotos en el jardín de la Casa Blanca y esperar que el conflicto se disuelva por pura fatiga histórica. De eso aquí por España también sabemos lo nuestro, por desgracia.

El problema no es solo que eso no ocurrió; es que, treinta años después, seguimos presentando como “solución” la misma estructura que no funcionó, dirigida por muchos de los mismos hombres que ya estaban allí en los 90. Benjamin Netanyahu participó en aquel ecosistema político; hoy vuelve a ser primer ministro. Abás estaba en la constelación de Oslo; hoy recibe borradores constitucionales.

Los que nos metieron en este callejón siguen ofreciéndose como guías de salida.

6. La variable olvidada: defensas mínimas de Israel según el Pentágono

Falta, sin embargo, una pieza clave que casi nunca entra en los titulares: la seguridad física de Israel en ese mapa concreto.

Inmediatamente después de la Guerra de los Seis Días, el Estado Mayor Conjunto de EE. UU. elaboró para el secretario de Defensa un memorándum clasificando qué porciones de territorio eran, desde un punto de vista estrictamente militar, el “mínimo necesario” que Israel debía conservar para tener fronteras defendibles.

En el apartado dedicado a la “Jordanian West Bank”, el documento subraya la importancia de controlar la línea alta de colinas que recorre Judea y Samaria de norte a sur, el acceso al valle del Jordán y ciertos nudos de comunicaciones. Sin esa profundidad estratégica, Israel quedaría reducido a un corredor de pocos kilómetros de ancho en su zona central, fácilmente seccionable por un ataque convencional.

El mapa que acompaña el informe –publicado años después en el Journal of Palestine Studies– sombrea en negro las áreas consideradas críticas: gran parte de la Ribera Occidental, los Altos del Golán, el eje del valle del Jordán, el corredor hacia Eilat. La leyenda es inequívoca: “minimum territory needed by Israel for defensive purposes”.

Es decir: incluso un Pentágono aún lejos de la actual polarización reconocía que, si lo que está en juego es que haya o no haya un Estado judío vivo dentro de veinte o treinta años, Judea y Samaria no son moneda de cambio trivial. Son, literalmente, colinas desde las que se puede artillar Tel Aviv o barrer con misiles el aeropuerto internacional.

Desde una perspectiva liberal, que defiende el derecho de todos los pueblos a existir, esto debería ser obvio: ningún diseño constitucional tiene sentido si implica dejar a uno de los sujetos implicados incapaz de defender su propia existencia física.

7. ¿Estado de derecho o blindaje de una burocracia fracasada?

Volvamos al presente. Un comité presidido por Muhammad al-Hajj Qasim redacta, durante siete meses, un borrador de constitución “provisional”. El texto mantiene un sistema presidencial fuerte, introduce límite de mandatos, prevé una transición por etapas antes y después de unas elecciones futuras. El documento será revisado por el Comité Ejecutivo de la OLP y, en teoría, sometido a referéndum.

Todo esto suena muy institucional. Muy europeo. Muy “proceso”. Pero debajo de esa superficie, los elementos de fondo no han cambiado:

La AP sigue siendo el fruto de Oslo, un experimento que no trajo paz ni libertad individual a los palestinos, ni seguridad al pueblo judío.

• El liderazgo político arrastra una genealogía que pasa por Hajj Amin al-Husseini, por la colaboración con regímenes totalitarios y por narrativas que niegan la legitimidad de Israel.

• La carta de Hamás sigue vigente, con su llamado a obliterar el Estado judío “desde el río hasta el mar”. Veremos en que queda todo con el plan de Donald Trump para la franja de Gaza.

• Mahmud Abbás sigue relativizando las causas del Holocausto mientras su administración paga sueldos a quienes matan judíos.

• Y, sobre todo, las colinas de Judea y Samaria siguen siendo las mismas que el Pentágono consideró imprescindibles para que Israel sobreviva en un entorno hostil.


Ante todo esto, la pregunta que deberíamos hacernos no es si la AP merece un nuevo texto constitucional, sino otra mucho más básica:

¿Tiene sentido convertir en Estado a una autoridad que nace de un acuerdo fracasado, que no ha roto con su matriz ideológica, que incentiva económicamente la violencia y que reclama un territorio cuya cesión total haría inviable la defensa del único Estado judío del planeta?

Como libertario, me resulta imposible aceptar que la solución pase por blindar aún más a una burocracia armada, opaca, que se financia con dinero internacional mientras no rinde cuentas ni a sus propios ciudadanos ni a las víctimas de la violencia que promueve.

El Estado, cualquier Estado, es siempre potencialmente peligroso; un Estado construido sobre estas bases lo es doblemente. La libertad individual y el derecho de los pueblos a existir exigen algo distinto: exigencia moral, memoria histórica y un principio mínimo de prudencia estratégica. No podemos seguir confiando en que quienes diseñaron este laberinto –los de Oslo, los de RAND, los viejos cuadros de la OLP y de Fatah– serán los que nos saquen de él. Lo único que están haciendo, con cada nueva foto y cada nuevo borrador, es redecorar las paredes del mismo callejón sin salida.

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